La Cervecería Boliviana Nacional (CBN) negó a través de un comunicado que hubiera incurrido en prácticas anticompetitivas como denunció la Cervecería Amazónica, y que si el Tribunal Supremo de Justicia viabiliza la multa de 8,2 millones de dólares impuesta por la Autoridad de Empresas (AEMP) se constituirá un golpe a la inversión privada.
La empresa interpuso una demanda contencioso administrativa con la que impugna la legalidad de la sanción. “La demanda presentada por CBN ante el TSJ muestra que la empresa cervecera no tiene evidencia que pruebe la existencia de prácticas anticompetitivas por parte de CBN”, menciona en el documento.
El TSJ decidirá si la CBN cumplirá con el pago de la multa equivalente a cerca de 8,2 millones de dólares misma que fue ratificada en 2018 por haber incurrido en prácticas anticompetitivas que perjudicaron a la Cervecería Amazónica, de Pando, un daño que derivó en el cierre de sus operaciones productivas en 2016.
El máximo tribunal de justicia se pronunciará en concreto sobre la demanda contenciosa administrativa que planteó en 2018 la CBN contra una Resolución Jerárquica del ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, tras haber ratificado las sanciones dictadas por la AEMP un año antes.
Según la CBN, la Cervecería Amazónica ha sido una empresa deficitaria desde sus inicios hasta su cierre. Al igual que CBN, dicha empresa ha sido víctima del contrabando de cerveza brasileña que ingresaba por la frontera hacia el departamento de Pando; realidad que habría sido totalmente probada, pero que no fue tomada en cuenta por la Autoridad de Empresas al momento de imponer la multa.
Añadió que si el TSJ viabiliza esta sanción, afectará injustamente a una empresa nacional que es la principal contribuyente al erario nacional y que genera más de 1.500 empleos directos y 7.500 indirectos, lo que constituye un golpe a la inversión privada que actúa en el marco del pleno respeto a la ley.
El apoderado de la Cervecería Amazónica, Gustavo Obleas, dijo que la ejecución y cobro de esta multa en favor del Estado, depende de una decisión de la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del TSJ.
Teniendo presente que los derechos litigados en el presente caso suponen una posible afectación a los intereses y patrimonio del Estado boliviano, la Procuraduría General del Estado se apersonó en el presente proceso, conforme al artículo 229 de la Constitución Política del Estado para defender y precautelar los intereses públicos.
El antecedente del caso está en la denuncia que en 2014 presentó la Cervecería Amazónica, patrocinada por Vaca Guzmán Siles Abogados, contra la CBN por haber reducido sus precios en Cobija con el propósito de eliminarla del mercado relevante.
No obstante, la CBN confía en que el Tribunal Supremo de Justicia tomará en cuenta la demanda Contencioso Administrativa,
