a Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas (Aemp) investiga la denuncia presentada por la Cervecería Amazónica SA contra la Cervecería Boliviana Nacional (CBN) por presuntas prácticas anticompetitivas en Cobija, Pando.
El gerente Institucional de la CBN, Ibo Blazicevic, dijo ayer a La Razón que el equipo legal de la empresa ha presentado todos los descargos a la Aemp. “Nosotros hemos probado con documentos que no tenemos la posición de dominio en ese mercado en Cobija y tampoco vendemos los productos por debajo de los costos medios. Por tanto, esa denuncia no corresponde y no correspondería una sanción”.
La empresa Amazónica denunció ante la Aemp a la CBN por la comisión de prácticas anticompetitivas al haber presuntamente restringido la competencia y por la presunta violación del artículo 314 de la Constitución Política del Estado (CPE), disposición a través de la cual se prohíbe el monopolio y oligopolio privado, señala la nota de prensa de la entidad fiscalizadora.
La denuncia expresa en partes salientes que la CBN habría adoptado una estrategia de “precios predatorios” en la ciudad de Cobija (Pando), con la finalidad de desplazar del mercado de producción industrial a la producción de Cervecería Amazónica. Esta estrategia, que habría adoptado CBN, consistiría en que la misma comercializaría sus productos Báltica, Brahma y Paceña Centenario en envases de aluminio (lata) en Cobija, a precios inferiores de los comercializados en sus respectivas plantas de producción (Cochabamba, Santa Cruz), hecho que además podría limitar la libertad de elección de los consumidores y repercutir en mayores precios para estos productos, indica.
Sanción. La Aemp recuerda que de acuerdo con el marco del ordenamiento legal vigente, quienes incurran y/o coadyuven en la comisión de estas prácticas anticompetitivas pueden ser sancionados en función a la gravedad de la infracción, sin perjuicio de las acciones civiles o penales que pudieran corresponder. La Aemp “se encuentra investigando los hechos denunciados a fin de corroborar o desvirtuar la comisión de este tipo de conductas anticompetitivas, velando por la defensa de la competencia”, señala la institución en una nota de prensa.
La institución de control añade que estas prácticas dañan no solamente al mercado de producción de cerveza, sino también al consumidor final quien “ve limitada su libertad de elección, así como sus condiciones de acceso al producto a precios adecuados que deben regir”. El Decreto Supremo 29519 regula y prohíbe este tipo de acciones, añade la entidad.
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